El Gobierno eliminará áreas y fusionará organismos estatales por decreto

Reducir el tamaño del Estado no solo fue una promesa de campaña para Javier Milei, sino que se ha convertido en un objetivo central de su gobierno. Ahora, con el acuerdo con el FMI ya sellado, la Casa Rosada afila el lápiz y se prepara para una profunda reestructuración administrativa. A través de una serie de decretos, el oficialismo busca fusionar, eliminar y reordenar oficinas y organismos para llegar a la segunda mitad de su mandato con una estructura más liviana.

La idea los funcionarios que trabajan cerca del Presidente es publicar todas las normas necesarias como para modificar estructuras, eliminar oficinas, fusionar unas con otras y crear nuevas dependencias que concentren funciones duplicadas.

Entre las áreas que están en la mira, el sector aerocomercial será uno de los más afectados: la ANAC, el Orsna, la EANA y la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial podrían unificarse bajo un mismo paraguas. La movida no es menor, dado que involucra a miles de empleados.

Para poner números, la ANAC cuenta con 1721 empleados; el Orsna, 201 trabajadores y la EANA, 2361 dependientes. A ellos se suma todos los que prestan servicio en la subsecretaría que depende, además, de la Secretaría de Transporte.

También se barajan cambios importantes en organismos como el INTI, el INTA, el Senasa y la Anmat, todos ellos con estructuras numerosas y funciones superpuestas que el Gobierno quiere optimizar.

La ofensiva libertaria no se detiene ahí. El Enargas y el ENRE serán fusionados en un único ente regulador de energía y gas, mientras que el ERAS, encargado de controlar a AySA, podría desaparecer ante su falta de funciones reales.

Otra de las fijas es la desaparición de Vialidad Nacional, así como también de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

La intención es que toda esta reforma quede lista antes del 9 de julio, fecha en la que vencerá el primer año de la vigencia de la ley Bases.

Con información de La Nación