El Gobierno prepara un decreto para derogar más de 40 leyes

El Gobierno tiene listo un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga más de 40 leyes. El texto, que se encuentra bajo la lupa de la Secretaría Legal y Técnica —ahora encabezada por María Ibarzabal—, podría ver la luz en el Boletín Oficial en los próximos días.

El documento lo trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en contacto con el resto de los integrantes del gabinete. En la Casa Rosada lo llaman el “decreto hojarasca”, en alusión al proyecto de ley del oficialismo que propone eliminar 70 leyes.

Este mega DNU apunta a borrar del mapa normativas que, según el Ejecutivo, ya no tienen razón de ser. Por ejemplo, elimina las leyes que reglamentaban el uso de microfilm para conservar documentos en organismos como el Ejército, el Banco Nación, la ANSES y otros entes estatales.

Incluye además la eliminación del marco jurídico del carnet de mochilero, que fue creado a través de la Ley 20.802. Este dispone su obligatoriedad para las personas que “soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”.

El decreto contiene también la derogación de leyes que impulsan medidas sanitarias relacionadas con la prevención de la viruela. En 1960 se declaró la obligatoriedad de la notificación de los casos de la enfermedad y se estableció procedimientos para su control. En 1979 se otorgó al área de Salud la facultad de disponer medidas de aislamiento.

La Casa Rosada asegura que la medida abarca la eliminación de otras normas que “quedaron obsoletas” y de organismos que ya no existen. Se trata de uno de los pedidos que le hizo el presidente a sus ministros para desregular trámites y registros sobre sus dependencias.

A la par, se cocina otro DNU que va por más: la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 estructuras y la transformación de 16 reparticiones. Uno de los cambios más resonantes afecta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyas funciones pasarían a las provincias. El plan, según fuentes oficiales, es avanzar hacia una administración más “ágil y eficiente”, con menos burocracia y estructuras más compactas.

Con información de TN