Los números detrás del Correo Argentino que el Gobierno quiere privatizar

El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de privatización de empresas públicas y ahora busca avanzar con el Correo Argentino. Aunque inicialmente quedó fuera del listado de privatizaciones acordado en la Ley de Bases, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó este lunes la intención de privatizarlo. Además, se anunció la desregulación total del sistema de correos postales el domingo pasado, lo que permitirá la entrada de competidores privados en el sector.

Según Sturzenegger, el Correo Argentino ha acumulado pérdidas y representa una carga para el Estado. Para solucionar esto, el Gobierno considera varias opciones: privatización, concesión o transferencia a los empleados. También señaló que el Correo tiene solo un 17% de participación en el mercado de encomiendas, lo que demuestra, según su criterio, que el sector privado podría hacerse cargo sin problemas de esta actividad. Esta política forma parte de un plan más amplio de reducción y desregulación de empresas estatales.

Un análisis de Infobae reveló que, en la primera mitad del año, el Correo Argentino reportó un déficit de $118.473,9 millones, a pesar de recibir transferencias del Tesoro por $164.172 millones. Este déficit coloca al Correo entre las empresas estatales con mayor pérdida operativa, solo superado por Energía Argentina, Operadora Ferroviaria y Aerolíneas Argentinas. En 2023, el déficit del Correo alcanzó los $75.149,1 millones, según los datos del Ministerio de Economía, lo que refuerza la postura del Gobierno de buscar alternativas para reducir este gasto.

El proceso de privatización también implica la subasta de propiedades del Correo, como el Centro Postal Internacional en Retiro, que el Gobierno ya había intentado vender en 2019. Además, el Correo ha reducido su plantilla en un 25% desde que asumió la nueva administración, pasando de 16.856 a 12.670 empleados. De este recorte, unos 3.000 fueron retiros voluntarios y el resto, bajas por acuerdo mutuo o contratos no renovados, lo que le costará al Estado alrededor de $99.880 millones en indemnizaciones.

A pesar de la desregulación, el Correo seguirá encargado del servicio electoral, que incluye la distribución y recolección de urnas y materiales de votación para las elecciones nacionales, provinciales y municipales. Esta reducción de personal ha generado inquietud en la Justicia Electoral, que solicitó aclaraciones sobre el impacto de estos ajustes en el servicio para 2025. La empresa aseguró que mantendrá su rol electoral y contratará personal temporal para cumplir con las tareas, como ha hecho históricamente.

Finalmente, el decreto de desregulación busca fomentar la competencia en el sector postal para reducir costos y mejorar la eficiencia en un contexto de mayor demanda de envíos debido al auge del comercio online. Sturzenegger enfatizó que esta medida elimina las exclusividades que tenía el Correo en ciertos servicios, como el envío de cartas documento, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, permitiendo a nuevos operadores participar en estas áreas.

Con información de Infobae