Pese a que había sido anunciado a fines de febrero, desde la Fiscalía Feneral a cargo de Alejandro Cantaro no se apeló la decisión del juez Walter López Da Silva de enviar la causa por la que se encuentra imputado Lázaro Báez al juzgado Nº7 de Sebastián Casanello.
Tal como informó LA BRÚJULA 24, López Da Silva argumentó la existencia de cuestiones de "conexidad y economía procesal" entre los casos que se sustanciaban en su despacho -incluido el de Ricardo Etchegaray en su paso por la AFIP- y las investigaciones que lleva adelante Casanello, por lo que pidió que los mismos sean tratados en Capital Federal.
Y para Cantaro, en tanto, la investigación debía seguir tramitando en Bahía Blanca porque las maniobras de facturación apócrifa se concretaron en esta ciudad. Pero más allá de esa postura, la solicitud no fue enviada a la Cámara de Apelaciones.
LÁZARO BÁEZ Y LA FAMILIA FICCADENTI
La causa que investiga la millonaria red de corrupción presuntamente liderada por Lázaro Báez tiene un capítulo especial en Bahía.
El empresario K está imputado por ser el líder de una asociación ilícita fiscal dedicada a la confección de facturas truchas con el fin de evadir al fisco y blanquear dinero proveniente de los sobreprecios en la obra pública.
La banda, según el dictamen fiscal, está integrada por Lázaro y su hijo Martín Báez (Austral); por los bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti (Grupo Calvento, Penta y Terrafari) y por Denis, Jorge y Franco Ferreyra (Constructora Patagónica). Además, aparece el contador Rogelio Chanquía (también vinculado a Suris).
Uno de los "contratos" entre la familia Ficcadenti y los Báez:
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