María Eugenia Vidal apretó el acelerador en su reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esta mañana la gobernadora defendió el desplazamiento de la cúpula que se conoció ayer y cuestionó a las gestiones provinciales anteriores.
"Sabemos que esto entraña riesgos, pero estas medidas no se tomaron antes porque había pactos de convivencia", denunció la mandataria desde La Plata. No dio nombres, pero fue clara a quiénes se refería. "La política no hablo durante años de cómo funcionaba el Servicio Penitenciario. Durante treinta años de democracia, nadie quiso hacer esta reforma", agregó.
Vidal presentó la reforma junto a su ministro de Seguridad, Gustavo Ferrari. El gobierno bonaerense desplazó ayer al jefe del SPB, Fernando Díaz, y a toda la plana mayor de la fuerza. En total, fueron 132 oficiales superiores. Además se dispuso la intervención de la institución a manos de un funcionario civil, que reportará directamente al ministro de Justicia.
El actual subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, será el virtual interventor del servicio durante los próximos 90 días, con el fin de "democratizar y transparentar" la fuerza.
En los próximos tres meses se hará una auditoría externa que alcanzará a los nuevos jefes designados y a los directores de las 55 cárceles y alcaidías. Todos están a prueba desde hoy. La purga irá a fondo. Ya comenzó una investigación interna: los legajos de unos 15.000 agentes penitenciarios fueron enviados al Registro Nacional de Antecedentes. Unos 360 efectivos ya figuran en él. En los próximos días se constituirán auditorías para controlar la gestión, los legajos del personal y las condiciones de la infraestructura carcelaria.
Además de las auditorías de control de gestión y de control penitenciario -que tendrá controles móviles en toda la institución-, se dividirán en forma clara el área de seguridad y la de tratamiento de los 33.000 detenidos que hay en territorio bonaerense.
Fuente: La Nación.
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